Valería tenía 11 años cuando se subió sola en un autobús y poco después apareció muerta y violada, el único acusado se suicidó en el penal. Mireya detectó en 2010 que su hijo de tres años había sido violado por su padre, cinco años más tarde, una jueza le dio la custodia al agresor, la madre se quitó la vida y la de los niños.

Leticia Valdes acusó en 2006 a autoridades del Instituto San Felipe, de Oaxaca, un colegio de clase alta, de haber atacado sexualmente y videograbar a su hijo, un pequeño de cuatro años, pero con recursos legales, los implicados evitaron la detención. Hoy la madre se esconde para evitar represalias.

Los casos expuestos durante una conferencia de prensa convocada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a la que asistieron autoridades del gobierno y representantes de la ONU, forman parte del informe Desafíos en el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes.

El detallado análisis expone en 128 paginas los problemas que representan para la infancia el contexto de violencia en el país aunado a la impunidad por la cual sólo se hace justicia a tres de cada 10 delitos que sufren los menores.

“El impacto negativo incluye reclutamiento forzado, homicidios violentos orfandad y desapariciones’’, precisó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim. “A esto se agrega la visión de una adultocracia en la justicia que es condescendiente con los mayores sin tomar en cuenta el interés superior de los niños’’.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, entre 2006 y 2014 existieron cerca de 2,000 asesinatos de niños (casi uno diariamente), de los cuales, la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad.

El informe destaca que los bajos niveles de desarrollo y la escasa presencia institucional en algunas zonas del país facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a actividades criminales que se aprovechan de los niños que ni estudian ni trabajan para reclutarlos.

La desaparición de menores también es un talón de aquiles: representa una quinta parte del total del registro nacional oficial, esto es, 6079. El peor año fue el 2016 con 1,431 casos, pero, en lo que va del año, suman ya 812 casos denunciados.

Delitos como robos, abusos sexuales, violencia escolar, tocamientos ofensivos, extorsión y acoso así como maltratos físicos para los chicos también son el pan de cada día a pesar de que el gobierno asigna anualmente a la justicia para la infancia 2.2. millones de dólares en promedio.

“Tenemos que reconocer que necesitamos especializar y capacitar a las procuradurías para que investiguen con un perfil de cuidado a los niños’’, advirtió Ricardo Bucio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presente en el evento.

Redim recomendó realizar un diagnostico efectivo de las causas de la violencia así como una política nacional de prevención y visibilidad a los niños como objetos de derechos y no sólo de protección e implementar mecanismo de denuncia accesibles para la denuncia, entre otros cambios legales.